ZANCADILLA A LAS RENOVABLES

José Mª González Vélez, presidente de la asociación de productores de energías renovables (APPA)

 

--- EI Ministerio de Industria, Turismo y Comercio debe darse prisa en suturar la herida que ha provocado en el sector de las energías renovables la promulgación del funesto Real Decreto-Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector energético, que desliga los ingresos de la producción eléctrica con renovables de la Tarifa Media de Referencia d el Mercado eléctrico, es decir, suprime los parámetros objetivos que establecían la retribución.

Como consecuencia, además de dejar en manos de la discrecionalidad política lo que se ha de pagar por producir un kilovatio verde y autóctono, se ha enviado un mensaje confuso y atemorizador a los propios actores del sector -uno de los pocos que nos permite presumir en foros internacionales- y a las entidades financieras, al borrar de un plumazo la posibilidad de calcular la tasa de retorno de las inversiones.

Porque una de las claves del éxito renovable español ha sido que, con rango de Ley (Ley 54/97), había un marco regulatorio que permitía prever los ingresos a largo plazo de las instalaciones, siempre y cuando se acertase en la evaluación del recurso (viento, agua, sol) disponible. Antes de la publicación del RD-L 7/2006, empresas cuyos balances no hubieran soportado proyectos millonarios, los han podido desarrollar acudiendo a la financiación externa -entre el 80% y el 85% en la mayoría de los casos-con cargo a los propios proyectos.

Por eso no debe extrañar que el mercado renovable esté frenándose a toda velocidad. En los pocos meses que han transcurrido desde la promulgación del RD-L 7/2006, muchos proyectos se han paralizado a la espera de una nueva regulación. Y si nos ceñimos al modo en que se ha aprobado la norma, mucho tiene que cambiar para que se recupere el optimismo.

El RD-L 7/2006 se ha promulgado como en los viejos tiempos, con nocturnidad y alevosía: sin consultar a los agentes implicados. Y, en contra del Real Decreto 436/2004 -la norma de referencia para las renovables, que establece un plazo temporal razonable para que los cambios regulatorios no interfieran en la maduración de los proyectos- se han cambiado las reglas del juego en mitad de la partida y, con retroactividad, se han eliminado derechos adquiridos.

Ante esta situación, algunos promotores, legítimamente, se están preguntando: "¡cómo vamos a fiarnos si no se respetan las leyes vigentes y el Derecho establecido!, ¿merece la pena continuar la partida en estas condiciones? Nos terminarán obligando a buscar escenarios más favorables en otros países". Sería muy irónico que cuando Grecia, Italia y Francia dan pasos hacia nuestro alabado modelo sectorial, nosotros lo abandonáramos y nuestras empresas hicieran fuera lo que no pueden hacer dentro.

El RD-L 7/2006, además de quebrar una tradición legislativa originada hace nada menos que 25 anos y que contaba con el consenso de todos los partidos políticos, atenta contra la propia política energética del Gobierno, que aprobó el Plan de Energías Renovables 2005-20 20 (PER) en agosto del año 2005, puesto que paraliza la inversión de los 25.000 millones de euros que exige su cumplimiento. Con la situación actual es materialmente imposible conseguir que el 12, 1% de la energía primaria que se consume en España sea aportada por las renovables en 2010, que es la aspiración del PER. Y la culpa de esto, además del dinamitero RD-L 7/2006, la tiene el retraso en la aprobación de la reforma del también citado RD 436/2004, que debe incorporar a la normativa vigente las indicaciones del PER. Este retraso es uno de los principales causantes de la mala evolución de las energías renovables en España; en contra de la percepción común, las renovables retroceden en su contribución al abastecimiento energético: en 2003 cubrieron el 7% de la demanda, en 2004 el 6,5% y en 2005 el 5,9%.

El sector renovable está deseando que el PER se incorpore a la legislación y se acabe con la ironía de tener una planificación energética que abarca desde 2005 todavía inactiva cuando ya se ha pasado largamente el ecuador de 2006. El PER, conviene recordar, implica un importantísimo ahorro de emisiones contaminantes, la reducción de la descomunal dependencia energética y la generación de 100.000 puestos de trabajo.

La desafortunada aprobación del RD-L 7/2006 todavía puede rectificarse. Pero hay que actuar rápidamente para evitar que la hemorragia provocada por la herida recibida siga debilitando al sector renovable, que dispone de una industria sólida, una tecnología punta y una estructura socioeconómica pujante que ha generado más de 200.000 empleos -ahora en peligro- sólo dentro de nuestras fronteras.

En la actualidad, el sector renovable no sabe qué marco regulatorio va a tener a partir del 24 de diciembre, fecha máxima establecida por el RD-L 7/2006 para desarrollar el nuevo RD 436/2004. Y cree que para elaborarlo, en contra de lo tristemente acontecido, tiene que haber un amplio debate que permita identificar las necesidades existentes con el máximo rigor.

Debe quedar muy claro que no se trata de ganar más o menos dinero, sino de disponer de un marco regulatorio estable y predecible que permita hacer los números. Con dicho marco, el sector puede contar con las entidades financieras, y endeudarse y acometer proyectos; sin él, el riesgo es tan grande que ni siquiera merece la pena intentarlo. Y si para llevar adelante una inversión, hay que reclamar derechos en los tribunales, tal y como se dice ahora, va a ser que no.

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*Nota: Actualmente ya se ha establecido un nuevo marco regulatorio que entró en vigor a finales de septiembre de 2008 que establece una importante rebaja en la prima que se recibirá por la venta de energía solar a la red eléctrica nacional, ampliándose por lo tanto el plazo de retorno de la inversión, ya de por sí demasiado alto. Actualmente a mediados de 2010, se puede comprobar un escalofriante parón del sector y las dudas sobre revisiones por parte del gobierno de los contratos de las conexiones a red.

 

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